En Atlántico, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila y Magdalena ha estado presente la CRC para brindar un acompañamiento técnico en el desarrollo de mejores prácticas para el despliegue de infraestructura de servicios de telecomunicaciones.
 
En seis departamentos se han llevado a cabo las mesas de trabajo que facilitarán el despliegue de infraestructura y que mejorarán los servicios de telecomunicaciones, para beneficiar a los usuarios del país. Las autoridades administrativas de Atlántico, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila y Magdalena, han contado con el apoyo técnico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio TIC, en la revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial.
 
Las sesiones, que son presididas por las Secretarias de Planeación Municipal, son un espacio en el cual se dan explicaciones de índole técnico en materia de telecomunicaciones y se exponen las posibles barreras o restricciones existentes en el despliegue de infraestructura identificadas por el gobierno nacional, para que cada municipio pueda adelantar los ajustes pertinentes y así la ciudadanía, en cualquier lugar del país, tenga acceso a la información, a servicios en línea y su comunicación tenga las mejores condiciones de calidad.
 
El trabajo conjunto de las entidades territoriales y la CRC, es el resultado de los 34 conceptos que esta entidad ha emitido sobre la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial por barreras y/o restricciones al despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones.
 
La CRC ha identificado que, en algunos municipios del país, para la instalación de infraestructura se exigen requisitos adicionales que no permiten o restringen el despliegue de infraestructura, tales como: aprobación de la comunidad, la generación de mapas específicos, simulación gráfica de impacto visual, o amplios aislamientos a predios vecinos.
 
En 2015, el gobierno nacional a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753, en su artículo 193, exhortó a las entidades territoriales a identificar y remover las barreras al despliegue de infraestructura en sus jurisdicciones para garantizar la prestación de servicios como telefonía móvil, televisión digital e Internet.
 
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