La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 8171 de 2026, con nuevas medidas que facilitan la cancelación de contratos, mejoran la transparencia en la facturación y establecen condiciones más justas en la oferta de servicios de telecomunicaciones.
La decisión regulatoria se adoptó tras el seguimiento realizado por la CRC a la evolución de la estructura del sector, incluido el proceso de integración empresarial entre Tigo y Movistar, en el que se identificaron oportunidades para ajustar las reglas vigentes y prevenir posibles afectaciones a los usuarios.
Las medidas
Terminar el contrato será más fácil. Los operadores deberán habilitar un canal digital automático, exclusivo para solicitar la cancelación del servicio de forma rápida y sin pasos innecesarios. El usuario podrá ejercer este derecho sin llamadas eternas, sin filas y sin obstáculos.
Facturas más claras para saber exactamente qué se paga. En los planes que combinen servicios fijos y móviles, cada servicio deberá aparecer con su precio por separado en la factura. Así, el usuario sabrá cuánto paga por cada componente de su plan, podrá comparar opciones con mayor facilidad y tomará decisiones con información real en la mano.
Publicidad más transparente y ofertas más justas. Los operadores con red móvil que ofrezcan paquetes de servicios fijos y móviles no podrán dirigir sus ofertas o publicidad de forma exclusiva a usuarios de operadores móviles virtuales (OMV) o de empresas que no cuenten con este tipo de paquetes. La medida busca que la competencia se dé en condiciones transparentes y que el usuario siempre pueda comparar y elegir libremente.
Más tiempo para decidir al cambiar de operador. Cuando un usuario realice una portación numérica y desee regresar al operador de origen, deberá esperar al menos 30 días calendario antes de presentar una nueva solicitud. Esto le da al usuario tiempo suficiente para evaluar su experiencia con el nuevo operador, sin presiones comerciales que apresuren su decisión.
Estas medidas hacen parte de la primera fase de revisión del Régimen de Protección de Usuarios, un proceso que continuará en los próximos meses con nuevas disposiciones orientadas a modernizar el marco regulatorio y adaptarlo a las dinámicas actuales del sector.
"Cuando el mercado cambia, el regulador debe intervenir para evitar que los usuarios pierdan garantías y para asegurar que la competencia se dé en condiciones justas. Con esta decisión eliminamos barreras para cancelar servicios, exigimos mayor claridad en la facturación y establecemos reglas que previenen prácticas que puedan limitar la libre elección. Así, la CRC le cumple a los usuarios anticipándose a las transformaciones del sector y ajustando oportunamente la regulación para que sus derechos se ejerzan sin obstáculos.” afirmó Felipe Díaz Suaza, Comisionado y Director Ejecutivo de la CRC.
