La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció ajustes en su Agenda Regulatoria 2026-2027 para los sectores de telecomunicaciones y servicios postales, que incluyen la incorporación de un nuevo proyecto, la integración de análisis en curso y la reorganización de hitos en iniciativas estratégicas. Con ello, se amplía a 31 el total de iniciativas a desarrollar trabajar en el bienio, y se focalizan los esfuerzos institucionales en asuntos que requieren evaluación regulatoria en el corto plazo.
Uno de los ajustes más relevantes es la integración al análisis del fraude cibernético por medio de servicios móviles lo relacionado con las condiciones de remuneración del servicio de mensajería A2P, mediante el cual empresas e instituciones envían mensajes de texto a los usuarios. Con este enfoque, la CRC busca desarrollar una evaluación integral de los aspectos técnicos, económicos y regulatorios asociados a esta problemática. La propuesta regulatoria se prevé para el segundo trimestre de 2026 y la decisión regulatoria para el tercer trimestre del mismo año.
En materia de conectividad local, la Comisión revisó el alcance del proyecto inicialmente previsto en dos etapas. Los resultados de la primera fase indican que no existe, por ahora, evidencia suficiente para avanzar en una segunda, por lo que la entidad concentrará sus capacidades en concluir el análisis en curso y adoptar decisiones regulatorias con base en los hallazgos obtenidos.
La modificación también incorpora un nuevo proyecto orientado a revisar los servicios vinculados a la reserva y franquicia postal, tras identificarse la necesidad de evaluar las condiciones particulares de prestación. Asimismo, se posterga el inicio del proyecto sobre revisión de las condiciones regulatorias de los mercados postales de documentos y paquetes hasta octubre de 2026, con el propósito de soportar las decisiones regulatorias en un análisis más completo.
Para el sector, esta actualización aporta mayor claridad sobre las prioridades regulatorias vigentes y permite concentrar los esfuerzos institucionales en temas que requieren tratamiento específico. Para el país y los usuarios, contribuye a mantener una agenda regulatoria actualizada, coherente con la planeación institucional y orientada a fortalecer las condiciones de prestación de los servicios.
La construcción de la Agenda Regulatoria 2026–2027 incluyó un proceso participativo de consulta y alineación de iniciativas, socializado a más de 200 empresas y entidades con el fin de recoger insumos para la priorización regulatoria.
“Actualizar nuestra Agenda Regulatoria es una forma de asegurar que la regulación responda con oportunidad a la evolución de los mercados y a los nuevos desafíos del ecosistema digital. Este enfoque es coherente con las orientaciones del estudio de la OCDE sobre conectividad en Colombia, que destaca la importancia de fortalecer la agilidad regulatoria, promover condiciones de competencia y avanzar hacia una conectividad de calidad, inclusiva y confiable para todos los ciudadanos”, señaló Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.
