La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios una propuesta regulatoria que busca actualizar la definición vigente de banda ancha en el país, establecida desde 2017, cuando se fijaron velocidades mínimas de 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga.
Con esta nueva propuesta, la CRC plantea una actualización gradual que llevaría al país hacia velocidades de hasta 300 Mbps de descarga y 150 Mbps de carga para los servicios comercializados como banda ancha, equiparándolas con los estándares de los países de la OCDE, mientras que la ultra banda ancha pasaría a definirse desde velocidades de 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de carga, en concordancia con las tendencias internacionales.
La propuesta contempla una implementación diferenciada según las condiciones de conectividad de los municipios. Así, las ciudades y municipios con mayores niveles de desarrollo y despliegue de infraestructura adoptarían desde 2026 los nuevos estándares de banda ancha, mientras que los municipios con mayores retos de conectividad avanzarían gradualmente hasta alcanzar esas velocidades en 2030.
La actualización responde a la evolución tecnológica del servicio y a las nuevas dinámicas de uso de Internet en el país. Hoy, una misma conexión soporta simultáneamente videollamadas, plataformas de entretenimiento, educación virtual, videojuegos, inteligencia artificial y múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo, lo que demanda servicios con mayores capacidades y mejor desempeño.
Para los usuarios, esto significa que un servicio comercializado como banda ancha deberá ofrecer condiciones acordes con la forma en que hoy se usa Internet: mayor velocidad para descargar y compartir contenidos, mejor desempeño cuando varias personas se conectan al mismo tiempo en un mismo hogar y mayor transparencia al momento de comparar y elegir un plan, pues la etiqueta de “banda ancha” reflejará un estándar más alto de calidad y capacidad de conexión.
La propuesta también recoge recomendaciones recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que llaman a centrar las políticas de conectividad en la calidad del servicio y en la reducción de brechas territoriales, con el fin de que Colombia continúe avanzando en el cierre de la brecha digital.
“Actualizar la definición de banda ancha es una forma de acompañar la evolución tecnológica del servicio y responder a las nuevas necesidades de conectividad de los usuarios. Los análisis de impacto realizados por la CRC evidenciaron que la actualización implementada en 2017 contribuyó al crecimiento de las velocidades de Internet y al aumento de conexiones de banda ancha en el país. Esto demuestra que, cuando el regulador fija una referencia clara sobre las condiciones esperadas del servicio, se generan incentivos para que los operadores mejoren sus ofertas, continúen invirtiendo en redes de mayor capacidad y fortalezcan la calidad de los servicios para los usuarios“. Explicó Felipe Díaz Suaza, Comisionado y Director Ejecutivo de la CRC.
La CRC invita al sector y a todos los grupos de valor interesados a participar en este proyecto regulatorio y remitir sus aportes y comentarios hasta el 5 de junio de 2026 a través del correo electrónico: internetfijo2026@crcom.gov.co.
