Resumen

Distintos países han recurrido a instrumentos de política orientados a enviar señales al mercado, con el objetivo de fomentar la ampliación de la cobertura, el despliegue de infraestructura de internet fijo y el cierre de brechas digitales. Una de las aproximaciones más extendidas ha sido la definición de banda ancha a partir de umbrales mínimos de velocidad de carga y descarga. Colombia se inscribe dentro de este grupo de países que han optado por este enfoque. En efecto, el país incorporó en su regulación una definición técnica de banda ancha con base en indicadores de velocidad, la Resolución CRT 1740 de 2007 fue el primer antecedente de este enfoque, la que ha sido modificada a través de los años según se ha requerido. A la fecha, la Resolución 5161 expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 2017 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016) contiene la definición vigente de banda ancha (25/5 Mbps) y de ultra banda ancha, que fue actualizada en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 40 de la Ley 1753 de 2015 que sigue vigente.

Sobre esa base de antecedentes fácticos y normativos relacionados con el concepto de banda ancha, la CRC identificó, en la Agenda Regulatoria 2026 - 2027, la necesidad de adelantar un proyecto regulatorio enfocado en «Revisar las definiciones de banda ancha y ultra banda ancha establecidas por la CRC mediante la Resolución 5161 de 2017 con el propósito de determinar la pertinencia de mantenerlas, modificarlas o actualizarlas de conformidad con las necesidades actuales de conectividad, la evolución tecnológica del mercado, los nuevos usos como la IA y las tendencias regulatorias sobre la materia».

En cumplimiento de dicho objetivo, la CRC publica para conocimiento de los interesados la propuesta regulatoria del proyecto «Revisión de la definición de banda ancha» la cual contiene los antecedentes, experiencias internacionales, descripción de la problemática, causas y consecuencias, las alternativas regulatorias consideradas para solucionarla y finalmente la alternativa seleccionada con los consecuentes cambios regulatorios que implica.