Resumen

El Observatorio de Rivalidad Competitiva nace como una respuesta proactiva de la CRC ante la creciente concentración del mercado de telecomunicaciones en Colombia. Motivada por movimientos estructurales recientes, tanto por la integración plena entre TIGO y MOVISTAR en 2026 como la sostenibilidad del liderazgo de COMCEL, la iniciativa busca monitorear de cerca toda la cadena de valor del sector. La idea central es mantener un monitoreo continuo, soportado en datos, que permita intervenir de manera temprana para garantizar la libre competencia y proteger el bienestar de los usuarios frente a posibles desequilibrios en los mercados mayoristas y minoristas.

En el fondo, el diagnóstico de la Comisión identifica riesgos muy concretos tanto de posibles coordinaciones entre grandes operadores como de conductas unilaterales exclusorias. En particular, preocupa la asimetría estructural liderada por COMCEL, que mantiene una posición de liderazgo evidente en cobertura 5G, ingresos y rentabilidad, reflejada en márgenes del Índice de Lerner notablemente superiores a los de la industria. Si a esto le sumamos futuras integraciones en redes de transporte de fibra óptica, el Observatorio se vuelve una herramienta para prevenir prácticas como el estrechamiento de márgenes (margin squeeze), bloqueos a operadores de menor escala o ventas atadas en ofertas convergentes.

Para lograr este nivel de seguimiento, el Observatorio funcionará mediante un esquema de dos fases. La primera etapa aprovechará el reporte de información transaccional granular para aplicar herramientas de microeconomía estructural, estimando modelos de elección discreta, índices de precios y clusterización para entender la demanda y el impacto real de las tarifas. Solo si esta primera fase detecta anomalías o alertas de comportamientos anticompetitivos, se activaría una segunda fase condicional, la cual exigiría a los operadores datos mucho más profundos sobre costos, finanzas y tráfico de red para analizar las fallas de mercado.

Finalmente, la CRC abrirá el documento a consulta pública a partir del 1 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2026. Esta etapa de retroalimentación busca debatir preguntas metodológicas clave, como los controles econométricos necesarios para evitar sesgos, la manera correcta de tratar los microdatos para no generar falsos positivos, y qué variables exactas deberían detonar el paso a la fase condicional de investigación profunda.