La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso a consulta pública una propuesta para cambiar las reglas de la mensajería empresarial (A2P), utilizada para enviar claves bancarias, alertas de seguridad, confirmaciones de compras, información de servicios públicos y recordatorios de citas.
Hoy, el 98,6 % de los mensajes de texto que circulan en Colombia son enviados por empresas e instituciones. Sin embargo, su entrega continúa sometida al mismo límite tarifario previsto para los mensajes intercambiados entre personas.
La propuesta reconoce que se trata de un mercado distinto y sustituye el tope actual por una negociación dentro de límites regulatorios. Así se busca reconocer los costos eficientes de la operación y de los nuevos controles de seguridad, sin permitir cobros excesivos ni cerrarles el mercado a los integradores tecnológicos.
La medida regula únicamente los pagos entre las empresas que participan en el envío y la entrega de estos mensajes. No establece cobros para las personas que los reciben ni modifica sus planes móviles.
Un mercado que cambió por completo
Entre el segundo trimestre de 2017 y el último trimestre de 2025, los mensajes A2P pasaron de 1.563 millones a 13.125 millones. Esto representa un crecimiento del 739 %.
Durante el mismo periodo, los mensajes entre personas disminuyeron 67,7 % y hoy representan apenas el 1,4 % del tráfico total de SMS.
El cambio no es solo de escala. Los SMS empresariales transportan información sensible y también son utilizados para suplantar bancos, comercios y entidades públicas. Por eso se necesita verificar quién envía cada mensaje, establecer si es legítimo y asegurar su trazabilidad.
La propuesta surge de un análisis de mercado en el que la CRC revisó experiencias internacionales, evaluó la respuesta del tráfico frente a cambios en el precio mayorista y simuló los efectos de las distintas alternativas sobre los usuarios, los integradores tecnológicos y los operadores móviles.
¿Qué propone la CRC?
La propuesta contiene cinco componentes:
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Reconocer la mensajería A2P como un mercado propio. delimitar el mercado mayorista de acceso y terminación de mensajes A2P en todo el territorio nacional e incluirlo entre los mercados susceptibles de regulación previa. El análisis encontró que no existen sustitutos efectivos para la entrega final de estos mensajes, pues cada operador controla el acceso a las líneas de sus propios usuarios.
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Pasar de un precio único a una regla con límites. Los operadores móviles y los integradores tecnológicos podrán negociar el valor de la entrega de los mensajes dentro de un rango. El mínimo reconocerá el costo eficiente de utilizar la red y aplicar los controles contra el fraude. El máximo se calculará con base en los ingresos promedio que reciben los operadores cuando prestan directamente el servicio, para que las empresas que necesitan acceder a sus redes puedan competir en condiciones adecuadas.
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Establecer reglas para la capacidad adicional. Cuando un integrador requiera procesar más mensajes por segundo de los acordados y no exista acuerdo con el operador, se aplicará un cargo mensual máximo por esa capacidad. Así se evita que este concepto se utilice para cobrar indirectamente por encima del límite regulado.
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Aplicar la misma metodología al Roaming Automático Nacional. Los mensajes A2P cursados mediante esta figura se remunerarán bajo las mismas reglas, evitando condiciones diferentes según la vía utilizada para acceder a la red.
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Mejorar la información del mercado. Los operadores deberán reportar por separado el tráfico y los ingresos correspondientes a los integradores tecnológicos y a los clientes empresariales que atienden directamente. Esta información permitirá calcular, publicar y actualizar el valor máximo.
Una transición, no un precio definitivo
La propuesta no establece $2,5 como precio permanente de la mensajería empresarial.
Mientras la CRC obtiene la información necesaria para calcular el primer límite superior, el proyecto propone un valor transitorio único de $2,5 por mensaje, expresado en pesos constantes de 2025. Este valor se aplicaría únicamente durante la transición y corresponde a la remuneración mayorista entre empresas.
En marzo de 2027, la CRC publicaría el primer límite superior. Desde ese momento, los operadores y los integradores podrían negociar dentro del rango regulado. El límite máximo sería público y se actualizaría trimestralmente.
La propuesta incorpora además un mecanismo de revisión. Si el tráfico A2P disminuye 10 % o más durante tres trimestres consecutivos frente a los mismos periodos del año anterior, la CRC revisará la regla y determinará si requiere ajustes.
El paso que permitirá implementar los nuevos controles
El 30 de julio de 2026, mediante la Resolución CRC 8308, la Comisión adoptó medidas técnicas, de coordinación y pedagógicas para reducir el riesgo de fraude a través de llamadas y mensajes de texto.
Entre las disposiciones directamente relacionadas con la mensajería A2P se encuentran:
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La identificación verificada del remitente mediante el SENDER ID.
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La creación de un código corto específico para los mensajes A2P.
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Un sistema centralizado para validar a los agentes, las marcas y las plantillas de contenido.
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La obligación de verificar la identidad y legitimidad de las empresas que contratan estos servicios.
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Nuevas herramientas de trazabilidad, monitoreo y control.
La entrada en vigor de estas medidas quedó condicionada a la publicación de la decisión que defina la nueva remuneración del ecosistema A2P. A partir de ese momento comenzarán el proceso de selección del validador centralizado y el periodo de transición de doce meses previsto para implementar el nuevo sistema.
Las disposiciones sobre llamadas, mensajes entre personas, pedagogía y prevención que no están sometidas a esta condición continúan su propio cronograma de implementación.
“Un mensaje que parece venir de un banco no puede convertirse en la puerta de entrada para que una persona pierda sus ahorros. Necesitamos saber quién lo envía, comprobar que sea legítimo y poder seguir su recorrido. Esta propuesta crea las condiciones para hacerlo y, al mismo tiempo, pone límites claros a la negociación entre las empresas. No fija un precio definitivo ni crea cobros para los ciudadanos”, afirmó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.
Cómo participar
Los interesados podrán presentar comentarios y aportes hasta el 11 de septiembre de 2026. El plazo establecido para la consulta no será prorrogado.
Los comentarios podrán enviarse a través de los siguientes canales:
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Correos electrónicos: medidasantifraude@crcom.gov.co y atencioncliente@crcom.gov.co.
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Grupo de Facebook “Comisión de Regulación de Comunicaciones”.
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En X, mencionando la cuenta @CRCCol.
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Presencialmente en la Calle 59A Bis No. 5-53, Edificio LINK, piso 9, en Bogotá, D. C.
