Resumen

El artículo 2.2.26.2.8 del Decreto 1078 de 2015, adicionado mediante el Decreto 1079 de 2023, señala que la CRC debe evaluar la necesidad de establecer, entre otras, condiciones de calidad, seguridad de la red y protección a usuarios, para la provisión del servicio de Internet comunitario fijo (ICF). Asimismo, el artículo 2.2.26.2.7 de la norma en cita señala que la CRC establecerá los reportes de información que deben realizar los proveedores del servicio de Internet comunitario fijo (PSICF) y, de manera transitoria, señala que hasta tanto eso no suceda, deberá efectuarse el reporte de los formatos T.1.1 Ingresos y T1.3 líneas o accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados, establecidos en la Resolución CRC 6333 de 2021 o aquella norma que los modifique, adicione o sustituya.

Con base en lo anterior, mediante el proyecto regulatorio “Condiciones regulatorias para el servicio de internet comunitario fijo” adelantó la revisión del marco regulatorio que aplica al servicio de internet con el fin de identificar y establecer medidas diferenciales acordes con las características y particularidades en la prestación del servicio de ICF.

Acorde con lo establecido en el Decreto 1079 de 2023, este proyecto abarcó la revisión de los reportes de información que deben realizar los PSICF y la evaluación de la necesidad de establecer condiciones de calidad, seguridad de la red, protección a usuarios y acceso mayorista, para la provisión del servicio de ICF.

Como resultado de lo anterior fue expedida la Resolución CRC 7712 de 2025, mediante la cual se establece un régimen simplificado para los PSICF, adaptando la protección de los derechos de los usuarios a su naturaleza comunitaria y sin ánimo de lucro, con reglas claras y ajustadas a sus capacidades. Se crea un formato simplificado para reportar información básica, facilitando el cumplimiento y reduciendo la carga administrativa. Además, define condiciones mínimas claras en los contratos con proveedores mayoristas (ISP), fomentando relaciones más justas y transparentes. Finalmente, se flexibiliza el procedimiento para la desconexión del servicio por impago, garantizando una gestión informada para todas las partes.

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